POPULAR TV BURGOS: Un paso más hacia la promoción de un laicismo radical y excluyente

Después de tres años de reclamaciones e iniciativas judiciales, la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid ha logrado que un juez dicte una sentencia para la retirada de los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea de la capital castellana y leonesa. Así lo dieron a conocer ayer el presidente de esta entidad, Carlos Parrado, y el padre demandante, Fernando Pastor, cuya hija cursa sus estudios en el citado centro escolar. Ambos destacaron que ésta es la primera sentencia judicial en España en este sentido.

Los hechos

La resolución del juez Alejandro Valentín, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, indica que el colegio Macías Picavea tiene la obligación "de retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes". Según el fallo de 14 de noviembre, "el crucifijo tiene una connotación religiosa, aunque también otras; es decir, no ha perdido sus connotaciones religiosas, aunque pueda tener otras". Por todo ello, el fallo incide en que "la presencia de estos símbolos en las zonas comunes del centro educativo público, en el que reciben educación menores de edad en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar en estos el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes en el centro público que a otras confesiones" no presentes en el colegio.

El juez concluye que "la decisión del Consejo Escolar (del Macías Picavea) vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 , apartados 1 y 3, de la Constitución Española", que garantizan derechos fundamentales como "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y comunidades". De hecho, la sentencia recuerda que el Estado no puede concurrir en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso, aludiendo a "la laicidad y neutralidad del Estado".

Este proceso se remonta a tres años atrás cuando Fernando Pastor solicitó la retirada de unos crucifijos del colegio Macías Picavea. La respuesta de la Consejería de Educación fue delegar la decisión al Consejo Escolar del centro, que en reiteradas ocasiones ha rechazado la pretensión de este padre. Por ello, la Asociación Escuela Laica de Valladolid presentó esta demanda, el pasado marzo, contra el Consejo escolar. Pastor calificó los tres años transcurridos como "un calvario" por la actitud del Consejo Escolar y la directora del colegio, de la que solicitó su dimisión por "la actitud mantenida hacia nosotros y por considerar el colegio su cortijo particular".

Por su parte, Carlos Parrado exigió la dimisión del consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, por "vulnerar los derechos fundamentales de las familias, teniendo, además una resolución a favor de la retirada del Procurador del Común (Defensor del Pueblo en Castilla y León)".

Opiniones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera ha dicho que “en la España de hoy" la permanencia de crucifijos en los centros escolares "no es elemento de agresión ni de vulneración de derechos y libertades". La Junta está analizando la situación y planteándose si recurre o no el fallo judicial. Herrera sostiene que la permanencia de crucifijos en centros escolares no vulnera derechos y libertades de los ciudadanos. Herrera no puede "compartir una parte de la sentencia, según la cual la presencia en algunos colegios públicos de un símbolo religioso, como es el crucifijo, sea un elemento de agresión, de vulneración de derechos y de libertades".

En ese sentido, ha recordado la presencia de un crucifijo en el último acto de juramento del cargo de ministros del Gobierno de España. Al respecto, ha afirmado que "a nadie se le ocurrió que su presencia deslegitimara a un Gobierno democrático, laico, de la España del siglo XXI, y nadie, le hubiera votado o no, se sintió agredido". Además, critica la actitud del PSOE porque "se está abonando a la confrontación ideológica" y remarcó otras actuaciones "similares" en materias como la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, ha manifestado el respeto de su formación por la sentencia pero considera que los crucifijos no molestan ni al Partido Popular ni a la inmensa mayoría de los españoles.

De Cospedal cree que aunque España es un Estado aconfesional, la Constitución española reconoce un papel especial a la Iglesia católica, que es la confesión mayoritaria de los españoles.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha apostado por respetar la "autonomía" de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, puesto que "son los que mejor conocen qué tipo de alumnos tienen y qué piensan los padres"

Valoración

Con esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid nuestra sociedad da un paso más hacia la promoción de un laicismo radical y excluyente que pretende el imposible de recluir la fe a la vida privada en lugar de abanderar una sana laicidad como sucede en otros muchos países democráticos.

Mientras el Congreso de Estados Unidos se enorgullece de tener en su sede una estatua del beato español Fray Junípero, aquí en nuestro Congreso de los Diputados se ha vetado la colocación de una placa a Santa Maravillas de Jesús, por el hecho de ser católica, a pesar de que vivió en el lugar donde hoy se alza el Parlamento y tuvo estrechas vinculaciones familiares con las instituciones parlamentarias.

Mientras el más alto Tribunal Administrativo de Italia, ante una polémica similar a la planteada aquí con los crucifijos en las escuelas, se pronunció a favor de la permanencia de los símbolos por ser idóneos para expresar el elevado fundamento de los valores civiles, en nuestro país una sentencia mal fundamentada y muy corta de miras olvida que el crucifijo, situado fuera de los lugares de culto, tiene un significado civil, histórico y cultural, más allá de su valor religioso. La presencia de los crucifijos no significa la obligatoriedad en las creencias cristianas ni una tutela especial para los cristianos por parte de los poderes públicos, pero su ausencia sí que será significativa de la vergüenza que supone que una sociedad reniegue de sus fecundas raíces.